Casi 16 millones de euros (más de dos mil quinientos millones de pesetas, para que nos entendamos) le han costado a las arcas de la Generalitat Valenciana la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en un claro pulso a la política del Gobierno central. Todo este despilfarro de dinero representa, a simple vista, una incongruencia: por un lado, Camps se siente infravalorado en cuanto a la financiación autonómica y, por otro, no duda en tirar a la basura dos mil quinientos millones de pesetas en inspectores, profesorado, material, etc. Y todo ello porque el president y el conseller Font de Mora querían que nuestros niños hablaran valenciano en la Comunitat, castellano en España e inglés en el mundo. Esa frase no tiene desperdicio, y hemos de caminar para que se pueda cumplir algún día, pero no a ese precio, no al precio de tirar 16 millones de euros, no al precio de menospreciar a los profesionales de la educación, no al precio de utilizar al alumnado de forma partidista y ruin.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía enseña todo aquello que la Generalitat Valenciana no pone en práctica: el civismo, la perfecta convivencia, la pluralidad, el respeto hacia las opiniones ajenas. La asignatura de Camps y de Font de Mora es el ordeno y mando, y únicamente han rectificado cuando, como se suele decir vulgarmente, le han visto las orejas al lobo. Ante la inminente huelga general de la educación (algo que tal vez sí hubiera salido en Canal 9 dada la repercusión mediática) echaron marcha atrás, se quitaron a los periodistas de encima y pensaron que el problema se había diluido. Pero ni mucho menos. Los más de dos mil quinientos millones de pesetas que se ha gastado la misma Generalitat Valenciana que pregona la falta de dinero no es más que otra muestra del pulso al Gobierno central. En su querencia por llegar a Madrid por la puerta grande (tal y como hizo su antecesor Eduardo Zaplana), Francisco Camps está haciéndole ver a Génova que es capaz de hacerle sombra al Gobierno. También otra muestra más de que, para el Partido Popular, toda forma de gobierno socialista es un accidente electoral que algún día pasará. Y ese tipo de pensamiento tampoco lo enseña la Educación para la Ciudadanía.
Como casi siempre sucede, las malas políticas y los enfrentamientos partidistas los pagan los que menos culpa tienen: en este caso, los estudiantes, niños y niñas que han suspendido la primera evaluación de Educación para la Ciudadanía porque su nivel de inglés no es perfecto. Pero también los profesores, aquellos profesores que no eran traductores de inglés sino filólogos y se les obligó a impartir la asignatura bajo la amenaza del expediente. Una clara imposición por la fuerza. Y esa forma de trabajar, estoy convencido, tampoco lo pregona la Educación para la Ciudadanía.
Mientras tanto, y a pesar de la propaganda que viene haciendo un sumiso Canal 9 acerca de centros educativos que se abren, son miles de niños los que siguen dando clase en barracones, en aulas sin calefacción ni aire acondicionado. Pero claro, inaugurar un colegio es buena prensa y sanear un barracón es mala política. Quizá alguno de esos 16 millones de euros podría haberse gastado en darles a las mujeres y hombres del futuro, a los profesionales del siglo XXI, una educación digna y una escolaridad en condiciones, algo que, estoy seguro de ello, sí proclama la asignatura de Educación para la Ciudadanía.