Ley de Autoridad del Profesorado de Canarias

El pasado 28 de mayo de 2025, los grupos Nacionalista Canario (CCa), Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y el grupo mixto (donde se integra la Agrupación Herreña Independiente) presentaron una proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad del profesorado en la comunidad autónoma de Canarias. Aquí la dejo:

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El 23 de junio, casi con el curso acabado, el parlamento avaló tramitar dicha ley. Es una buena noticia. De algún modo, Canarias se pone en la línea de otras autonomías (me viene a la cabeza la mía de procedencia, la Comunidad Valenciana) en las que ya existe una ley similar.

Está claro que gran parte de lo que se recoge en ella ya figura en el decreto de convivencia, pero era necesario que se elevara a rango de ley para frenar la escalada de agresiones que sufrimos los docentes a diario. El sindicato ANPE ya recordaba, a finales de 2023, que las agresiones a docentes habían subido ¡un 11 %!, clasificadas en:

En total 115 agresiones corresponden a alumnos y 42 a padres o familiares, y 17 de ellas son de tipo físico, con lo que sigue la tendencia al alza de los últimos años, mientras que también se han documentado 69 amenazas y 57 faltas de respeto.

Asimismo, hasta en 80 casos las agresiones han impedido a los profesores dar clases con normalidad y en 117 ha habido problemas de salud como ansiedad, estrés o depresión, hasta el punto de que se han registrado hasta 30 bajas de larga duración.

Una noticia más reciente, del mes pasado, recogía que 25 docentes habían denunciado agresiones durante el curso 2024-2025: «puñetazos», «agresiones verbales»… Son el pan de cada día.

Por eso, el artículo 3 de la citada proposición de ley, en sus principios generales, es fundamental. Se reconocerá:

a) El derecho de todos a la educación, recogido en el artículo 27.1 de la Constitución Española. Perfecto, porque no debemos olvidar que TODOS tienen derecho a la educación, también ese alumnado que, por estar el profesor perdiendo minutos y horas cada semana mandando a callar o resolviendo conflictos, no puede recibir la educación que se merece. Y eso también es inclusión.

b) La garantía del ejercicio de la función docente del profesorado. Nos olvidamos que somos trabajadores y que, por eso mismo, tenemos derecho a unas condiciones dignas de trabajo. Quien no nos permita trabajar, está impidiendo el derecho constitucional de otros alumnos a recibir educación. Y, además, es indigno contra nuestra persona, lo que se recoge en el artículo 4 (tenemos «derecho al respeto de [nuestra] identidad, integridad y dignidad personal en cualquier entorno, incluido el virtual»

Todos los apartados son para enmarcar. Solo se puede dar las gracias a estos grupos por hacerse eco de un hecho que era de justicia: reconocer que la situación era ya insostenible y que tocaba ponerle freno.

¿Qué han respondido las familias? Como era de esperar, con un ataque. El pasado viernes, el periódico Canarias7 publicaba las declaraciones de Marián Álvarez, presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Fapa Galdós, participante en la comisión de educación del Parlamento a petición de Nueva Canarias. Según ella, la futura ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado busca «criminalizar al alumnado y a las familias». Y lanzó una pregunta a los grupos parlamentarios que es de un cinismo apabullante, poco merecedor de quien se supone que es la representante de todas las familias en Gran Canaria (por tanto, de mí también, como padre que soy de un alumno escolarizado en la isla):

¿Por qué le vamos a dar la presunción de veracidad al docente, a cuántos equipos docentes hemos apaleado las familias? Traigan los casos, dennos lo datos y después si quieren, nosotros sacamos una estadística de abusos sexuales a menores en la escuela, de agresiones a menores en la escuela.

Son unas acusaciones muy graves, impropias de alguien que debería conocer un poco cómo es el sistema educativo de Canarias, máxime presidiendo una federación de AMPA.

Pero veamos los datos. El sindicato ANPE creó en 2005 la figura del Defensor del Profesor. A Canarias llegó en 2008. Desde entonces, y con datos de la memoria del curso 2023-2024, había atendido a 2.157 docentes. Está claro que no todas las situaciones terminan ante el Defensor del Profesor. Es de suponer que solo las más graves, cuando la situación no tiene visos de mejorar. Pongo a continuación dos gráficos del número total de casos relacionados con el alumnado y con las familias denunciados por los docentes en dos cursos de acuerdo con la memoria presentada en noviembre de 2024.

Todo esto, obviamente, repercute en la salud mental: ansiedad, depresión…

Para terminar, le presento yo un dato a Marián Álvarez. Decía que iba a sacar los datos de abusos sexuales y agresiones porque, entiendo yo, sería una sorpresa o dibujaría a los docentes como agresores sexuales. Según un informe de Save the Children presentado en octubre de 2023, 8 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores suceden en un entorno conocido, sea familiar o no familiar, dividiéndose más o menos la mitad de casos. Ella blande esos datos para proteger a los niños de los profesores. Pero podríamos decir lo mismo: ¿creamos una ley que proteja a los niños de sus padres? Ya la hay, ¿a que sí? Pues del mismo modo se debe crear una ley que proteja a los profesores de sus principales agresores: alumnado y familia. Ojalá se apruebe antes de empezar el curso 2025-2026. Sería una grandísima noticia.